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El Gobierno pone el foco en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla como el origen de los fallos que provocaron el gran apagón ... del pasado lunes 28 de abril en toda la Península. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó este miércoles en el Congreso que las pérdidas de generación en el sistema eléctrico se originaron en estas tres provincias. En contestación a una pregunta del diputado del PP Borja Sémper en el Pleno del Congreso de los Diputados, Aagesen señaló que se están analizando «millones» de datos que han permitido ya conocer algunos elementos del incidente que hizo colapsar el sistema eléctrico peninsular.
La ministra incidió en las dos oscilaciones que se sintieron en el sistema eléctrico europeo media hora antes del cero eléctrico en la Península, tal y como informó la pasada semana Entso-E, la entidad que agrupa a los transportistas y operadores del sistema europeos eléctricos. Aagesen destacó que ahora hay que determinar «hasta qué punto» esas dos oscilaciones 30 minutos antes del apagón tuvieron que ver o no con el incidente porque el sistema peninsular forma parte del europeo, que es «altamente complejo» y los fenómenos están «interrelacionados».
Las tres posibles provincias origen del apagón han sido desveladas este miércoles por primera vez por el Gobierno después de que trascendiera hace unos días que tras las primeras investigaciones el foco se había puesto en las zonas suroeste y sur de la Península. En estas tres provincias la generación de plantas renovables es muy elevada. Solo en Extremadura la energía renovable ha alcanzado un récord en 2024, que ya generó más de la mitad de su electricidad anual, con un crecimiento del 18,5% respecto a 2023.
Es decir, la tensión de la red es cada vez mayor y esta sobretensión funciona como al saltar los plomos en una vivienda, explican los expertos consultados. El objetivo ahora es dilucidar qué hizo que de una desconexión puntual en alguna planta eléctrica no se pudiera aislar el sistema y se fuera a un cero nacional.
Por ahora la investigación está propiciando el descarte de algunas hipótesis, pero pocas certezas. En este sentido, la ministra aseguró que la información recabada descarta que el error se debiera a un «problema de cobertura, ni de reserva ni del tamaño de las redes». Además, el Gobierno finalmente deja de lado la idea de que el incidente se produjera a causa de un ciberataque. La oposición se jactó de que esa información ya la había confirmado la propia Red Eléctrica hace 14 días, pero la ministra recalcó que «es muy buena noticia saber que no hay indicios respecto a que el operador del sistema sufriera un ciberataque«. Aagesen señaló que el comité de investigación -que se reúne casi diariamente- seguirá «trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis». Se comprometió a trabajar «con total transparencia» y «sin descanso» para llegar a la verdad en un incidente de «extrema complejidad» y que requiere «rigor».
Y aunque este comité de investigación formado por el Gobierno cuenta con la presencia -como invitado- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo público está realizando una investigación por su cuenta, un análisis propio e «independiente». Así lo confirmó este martes la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Y en esta investigación se llevarán a cabo dos actuaciones principales. Por un lado, Fernández aseguró que si del análisis previo se deducen infracciones graves o muy graves el régimen sancionador incluye multas «de hasta 60 millones de euros» con herramientas proporcionales a los incumplimientos. «Estas sanciones garantizan la capacidad disuasoria» de las acciones, recordó la presidenta de la CNMC.
Y por otro, se podrán llevar a cabo acciones accesorias a la sanción, como la inhabilitación o la pérdida de autoridad administrativa. A esto se suma la obligación de restituir o indemnizar al sistema o actores afectados, independientemente de las reclamaciones e indemnizaciones que puedan recibir los particulares de sus aseguradoras. Estas indemnizaciones, incluidas en el artículo 69 de la Ley del Sector Eléctrico, supone la obligación de «restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación infractora en el plazo que se fije», explican fuentes del organismo. Y cuando no se puedan restituir -como es el caso-, la ley impone la indemnización de los daños irreparables por la misma cuantía que el valor de los bienes.
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