El juzgado de Toledo entierra la tesis del sabotaje tras recibir el atestado de la Guardia Civil

Según fuentes de la investigación, el informe de la Policía Judicial del instituto armado, pese a la insistencia del ministro de Transporte en apuntar a un ataque premeditado para causar daño a las infraestructuras, certifica, al menos de forma preliminar, que el móvil de esta acción en la que fueron sustraídos 150 metros de cable de cobre fue estrictamente económico y que la investigación no apunta a otra línea que no sea el robo.

Si el juez de Orgaz hubiera visto indicios de sabotaje en el robo del cable –explicaron fuentes del caso- de inmediato tendría que haberse inhibido a favor de la Audiencia Nacional, competente para investigar un acto de estar características contras las infraestructuras estratégicas del Estado «con impacto nacional o internacional, o que afecten a una generalidad de personas en más de una provincia».

A pesar de que desde el principio la Guardia Civil apuntó a las habituales mafias del robo de cobre que vienen operando desde hace años en La Mancha como autoras de los cinco robos de cobre entre las localidades de Los Yébenes y Manzaneque, el Gobierno se ha empeñado en mantener viva la tesis del sabotaje, incluso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes.

El Ejecutivo, y particularmente Transportes, se esmeró en sostener la hipótesis de un ataque premeditado y sin fines económicos, basándose en que el «rédito económico que se puede obtener de la cantidad de cobre sustraído es mínimo frente al enorme daño que se causa». En un argumentario que el lunes repartió el departamento que dirige Puente se insistió en los «fuertes estragos» que supuestamente buscaron causar los autores. «Se han sustraído unos 150 metros de cable en ambas vías, que puede tener un valor muy reducido, apenas de 300 euros», se leía en ese documento.