El expolio del cobre: del AVE a las grandes fundiciones chinas

«Un acto de grave sabotaje». Las palabras del ministro de Transportes Óscar Puente sobre el robo de cable de cobre en cuatro puntos distintos de la provincia de Toledo todavía arrancan una sonrisa entre alguno de los agentes de Policía Judicial de esa provincia. Esta unidad de la Guardia Civil es la que lidera la investigación de esa «acción coordinada» que llevó al caos ferroviario durante el domingo y el lunes a media España.

«¿Qué diferencia hay entre lo nuestro de Toledo y, por ejemplo, la operación de los compañeros de Valencia de febrero?». «Ninguna», se responde asimismo uno de los mandos. El operativo policial al que se refiere este jefe uniformado es un claro ejemplo de este fenómeno. Y entonces el Ministerio del Interior no dudó ni un instante en apuntar a que los siete detenidos, acusados de robar más de 24.000 kilos de cableado ferroviario con diferentes asaltos a veces sincronizados, eran parte de una mafia dedicada a la sustracción de cobre para su venta clandestina.

Interior, que nunca ha calificado estos robos de sabotaje, entonces, en aquella «operación paradigmática» de Valencia, informó oficialmente de dos detalles importantes, que no venía incluyendo en sus notas habitualmente. El primero es que, aunque la patronal del sector insista en los grandes controles para evitar que las chatarrerías españolas ayuden a blanquear el origen ilegal del cobre, en esta operación, como en otras, sí que había una empresa nacional involucrada que «compraba el material sustraído sin dejar constancia administrativa de las compras ni registros oficiales y que además, abonaba el pago del cobre ilícito en dinero en efectivo». Y no solo eso, sino «que el propietario y algunos trabajadores de la empresa camuflaban el cobre sustraído entre el material tratado legalmente y con su trazabilidad correcta».

El segundo dato de aquella nota –afirman ya en Madrid mandos de la Policía Judicial- lo explica todo: aquel grupo no solo asaltaba y 'legalizaba' el metal, también se encargaba «por medio de contenedores marítimos de enviar el cobre sustraído a empresas de China para su fundición».

«Nada de sabotaje. Otro robo más. Es lo de siempre», resume otro operativo, en este caso durante años destinado a levantar atestados de sustracciones de cable en Ciudad Real, Jaén y Toledo. «Son las mismas mafias del este que vienen operando en España desde principios de siglo», afirma. No se equivoca. Los informes policiales apuntan a que este fenómeno estalló a partir de 2005 con el apetito insaciable sobre todo de China, y en menor medida de la industria India, por este metal.

Ese boom inicial en la demanda de hace dos décadas –explican expertos de la Dirección General de la Guardia Civil- coincidió con el establecimiento en España de cabecillas y «machacas» de grupos organizados de Rumanía, Bulgaria Polonia que se asentaron en el país al calor de las facilidades de movimientos que les otorgó el ingreso de esos países en la UE entre 2004 y 2007. «No eran mafias que en sus países se dedicaran al robo de cobre, pero vieron la oportunidad y un nicho de mercado y la aprovecharon», apunta por su parte un oficial que estuvo adscrito durante años al CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Este expolicía nacional fue uno de los promotores de la idea de crear en 2015 un plan contra el robo de cobro que incluyó un censo de industria, un mapa de las zonas sensibles y el refuerzo de la «supervisión de las operaciones» con la identificación de «procedencia, proveedores y destinatarios». Este agente reconoce, no obstante, que el propio plan que él mismo ayudó a alumbrar, «ni mucho menos ha servido para reducir este fenómeno criminal».

Es más- admite- la especialización de estos grupos ha ido creciendo hasta llegar al extremo de contar con «comandos» especializados en dar «palos» simultáneos como los del domingo pasado o tener «ojeadores y vigilantes» para localizar nuevas zonas y controlar las medidas de seguridad. En algunos casos –señala este exCITCO- sino cuentan con chatarrerías cómplices, tienen redes de transportes para llevar el cobre robado y «sin legalizar» hasta los puertos europeos, habitualmente a Rotterdam, y de ahí en contenedores a los puertos de Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Qingdao, Xiamen o Dalian.

Una vez en tierra, el cobre ferroviario español, como el de otros países occidentales, acaba en alguna de las 202 fundiciones del gigante asiático. Las mafias de Europa del Este lo venden a China a 10.000 euros la tonelada y «nadie hace preguntas allí», afirma este exmando del CNP.

Y es que China, inmensamente rica en mano de obra y en muchas materias primas, sin embargo no tiene apenas cobre. De hecho, según diferentes estimaciones, el 85% de este metal que consume tiene que importarlo. En 2020, el gigante asiático empleó 14,5 millones de toneladas de cobre refinado, el 57% del consumo del planeta.

El cobre es básico para todo: baterías, coches eléctricos, móviles, ordenadores, conducciones de agua y eléctricas, placas solares, trenes, aviones, barcos, edificios… Y ese hambre asiático de cobre no solo se ha calmado pese a los intentos de las autoridades de Pekín de buscar nuevas minas, sino que ha crecido en las últimas por el acaparamiento ante la incertidumbre provocada por los aranceles de Trump. «El cobre se encuentra en máximos de los últimos cinco años y eso, desde luego no ayuda a atajar la oleada de robos», admiten analistas de Interior.

Oscar Puente fundamentó su tesis del sabotaje (que nadie confirma) en el escasísimo valor que en el mercado negro van a tener los 150 metros de cable que paralizaron la veintena larga de trenes en comparación con el daño que causaron al país. «Pero esto siempre es así», matiza un mando de la comandancia de Toledo, que desde luego no avala la teoría del ministro. En la bolsa de Metales de Londres este mayo el kilo de cobre legal ha subido hasta los 8,2 euros el kilo, por lo que también su precio se ha incrementado en mercado negro español hasta unos 7 euros. Aun así, el golpe de Toledo se saldó solo con unos mil euros de beneficio para los ladrones por una acción que ha costado ciento de miles en pérdidas.

El golpe del domingo fue algo exiguo y muy dañino para el poco beneficio que sacaron los ladrones, pero no es nada sospechoso como pretendió hacer ver el ministro. «Es absolutamente habitual», remarcan todas las fuentes consultadas para este reportaje. El negocio del cobre ilícito en España se surte de multitud de pequeños robos en zonas muy vastas y despobladas de muy difícil vigilancia y escasos efectivos y donde el despliegue reciente de drones apenas ha servido de nada. Atacar de manera simultánea en un día festivo, como ocurrió el domingo en las vías del AVE en Toledo, lejos de ser un hecho insólito, es uno de los 'modus operandi' más usados por estos grupos.

Pero no son solo en infraestructuras ferroviarias. Las mafias del cobre en España arrasan con todo que contenga el preciado metal: vías de alta velocidad, redes de telefonía, tuberías, placas fotovoltaicas, transformadores y subestaciones eléctricas, grupos electrógenos… La última -y muy dañina- tendencia es sustraer el cobre de los puntos de recarga de los coches eléctricos, tanto de operadores como de propietarios privados: daños de 8.000 euros para sacar poco más de 20 euros de beneficio.

La paradoja –explican desde el CITCO- es que el cobre que se extrae a golpe de rapiña de esos costosos aparatos electrónicos para ser fundido en Asia es probable que vuelva en solo unos años a España en el interior de otros artilugios tecnológicos 'made in China'. «El cobre puede ser reciclado infinitas veces sin perder sus características», recuerdan no sin pesar en la Comandancia de Toledo.

Las estadísticas oficiales sobre este fenómeno delincuencial –muy dispersas, a veces parciales y no siempre actualizadas- dejan no obstante ver a las claras la enorme magnitud del problema. De enero a octubre de 2024 se produjeron 296 robos en las instalaciones de seguridad y comunicaciones de Adif, la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria española, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. O sea, un robo diario de material sensible en Adif.

A pesar de que La Mancha por sus características geográficas es una de las zonas preferidas de actuación de las mafias, lo cierto es que más del 50% de los actos vandálicos del país contra infraestructuras ferroviarias (no solo robo de cobre de las catenarias y las vías) se producen en Cataluña.

Si se incluyen los robos de fuera de las infraestructuras de los trenes, las cifras se disparan. El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que no incluye Cataluña ni el País Vasco, revela que en 2024 se detectaron en total 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores, una media más de doce asaltos al día, un 87% más que hace un lustro. Unos datos que sitúan a Castilla-La Mancha a la cabeza de las regiones con más casos (799), seguidas de Andalucía (745) y la Comunidad de Madrid (678).

En el último año, hubo 987 detenidos e investigados por estos hechos, doblando la cifra de 2019, siempre sin contar los datos de Mossos y Ertzaintza.

El perfil de los detenidos por el robo de cobre es claro: varones de nacionalidad extranjera y, sobre todo, multireincidentes. Y es que, a la vista de los datos oficiales, las medidas legales para intentar atajar este fenómeno delincuencial no han servido de casi nada. En 2015, el Gobierno de Rajoy modificó el código penal para, entre otras cosas, endurecer las penas por el hurto de «conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de interés general» que pasaron a ser de uno a tres años de prisión. Pero estas penas siguen sin disuadir a los ladrones, que, tras ser detenidos, muchos de ellos suelen quedar en libertad horas después. Solo cuando las acusaciones son robo con fuerza, falsedad documental o pertenencia a organización criminal (difícil de probar ante un tribunal), implican penas medias de prisión (cuatro o cinco años).

España es una potencia dentro de la UE en la producción de cobre, gracias a las explotaciones de Andalucía. El 90% de los sulfuros polimetálicos (cobre, plomo, zinc, oro y plata) del territorio nacional se extraen de las minas de Huelva: Riotinto (Atalaya Mining) y de Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel (Matsa). Atlantic Copper es la tercera mayor fundición y refinería de Europa y puede llegar a tratar 35.000 toneladas al año de este metal para convertirlo en hilo, granos, tubos, virutas o monedas. El robo de cobre directamente en estas explotaciones, sin embargo, es prácticamente inexistente por las grandes medidas de seguridad.

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