Andalucía se juega en Bruselas miles de millones de euros

La autora de la frase es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, y el documento en el que aparece es 'La elección de Europa, direcciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029', la plataforma de intenciones que la política alemana del Partido Popular Europeo presentó a modo de programa para su reeleción al frente del gobierno de la UE.

Los fondos de cohesión, con sus múltiples programas, son los que ha permitido en gran medida el avance hacia la convergencia con las regiones más ricas de la Unión que Andalucía ha recorrido desde la entrada de España en Europa. El camino es aún inconcluso, pero el avance ha sido significativo. En la última década, el crecimiento del PIB en Andalucía ha tenido una evolución positiva, con excepción del año 2020, debido a la pandemia. En los años posteriores (2021, 2022 y 2023) el crecimiento del PIB andaluz (6,43%, 4,58% y 1,65%) ha sido superior al de la UE (6,05%, 3,14% y 0,04%), y al de la media española en los años 2021 y 2023 (6,34%, 4,81% y 1,62%), según datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Cualquier recorte o centralización de los fondos de cohesión -con la consiguiente pérdida de participación en su gobernanza-, podría suponer un freno a esta evolución positiva.

La frase de la polémica figura en el apartado en el que Von der Leyen explica cómo quiere que se elaboren los presupuestos y los fondos de cohesión a partir de ahora -un proceso que en la actualidad está en pleno desarrollo para el marco 2028-2034- y ha hecho sonar las alertas en los gobiernos regionales europeos, que ven en esa línea el peligro de que al menos parte de los ingentes recursos que llegan de Europa y les permiten desarrollar sus políticas pasen a ser manejados, gestionados y, en definitiva, dirigidos en una u otra dirección por los gobiernos centrales.

En Andalucía, la preocupación deriva de que a lo largo de los distintos periodos de programación, la administración autonómica ha desempeñado un papel activo en la evolución de la gobernanza multinivel, lo que ha permitido que las políticas y los fondos se adapten a las necesidades específicas del territorio.

Si se contabiliza desde el año 1986, cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, se destinaron a Andalucía 68.786 millones de euros por los denominados Fondos de Cohesión, destinados a conseguir la convergencia de desarrollo económico entre las regiones de los estados miembros. De esa cantidad, 35.274,8 millones fueron gestionados por el Estado y 33.601,8, por la Junta de Andalucía. Ese reparto prácticamente a partes iguales en la gestión y decisión sobre el destino de unos recursos que suponen una porción determinante de los presupuestos andaluces explican en buena medida la inquietud con la que la Junta de Andalucía asiste, y participa, en este debate europeo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que desarrolló en esta semana una intensa agenda en Bruselas como copresidente del Comité de las Regiones, no se anduvo por las ramas: «Para Andalucía, la centralización sería letal».

Para los países de administraciones muy centralizadas, como Francia, o de menor dimensión, el cambio sugerido por Von der Leyen puede tener una importancia relativa, pero para los más descentralizados el cambio sería trascendental. Alemania y España comparten dos características: son de gran tamaño y con una arquitectura política que da gran peso a las administraciones regionales. De ahí que Moreno haya encontrado aliados en los gobiernos de Sajonia o Baviera.

La sola posibilidad de que todos los fondos llegaran a Madrid y que fuera el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que decidiera su destino se presenta, para el Gobierno andaluz, como un escenario de pesadilla. Se trata de una fórmula que, por motivos de agilidad, la Comisión Europea ya utilizó con los Next Generation, los recursos movilizados para afrontar la recuperación tras la parálisis económica de la pandemia. En Bruselas hacen una valoración positiva del cómo funcionó la gestión de esos fondos y por eso Von der Leyen plantea ahora aplicar una metodología similar en los fondos de cohesión, aunque la situación no esté determinada ya por la urgencia provocada por la crisis del Covid.

En la Junta, sin embargo, la valoración es otra porque consideran que el Gobierno quiso imponer sus criterios con la gestión de los NG, y lo hizo de manera arbitraria en casos de competencias de las comunidades autónomas. Un ejemplo es cuando no dejó que los fondos destinados a la educación infantil se aplicaran para ensanchar el sistema implantado en Andalucía y hubo que devolver 119 millones de euros.

Pero más allá de los ejemplos, no se trata de un debate que haya partido aguas a partir de posiciones ideológicas o partidistas. La ponencia opuesta al cambio y debatida el pasado miércoles por el CDR bajo la presidencia de Moreno fue presentada por una socialista, miembro del Consejo de la región francesa de Nueva Aquitania, y aprobada por la unanimidad de todos los miembros. Se trató de una situación no muy habitual en un organismo con representación de 200 regiones cuyos gobiernos reflejan la multiplicidad cromática de la política europea.

La principal preocupación es que en un momento en que Europa se ve ante la obligación de afrontar nuevos desafíos enfocados en la seguridad y la defensa, la centralización de los fondos no sólo reste capacidad de gestión a los gobiernos regionales, sino que acabe quitando recursos orientados a la convergencia para destinarlos a esas cuestiones.

Lo que se juega Andalucía es sustancial y tiene cifras. En el marco 21-27, aún en ejecución, la comunidad tiene asignados 12.710 millones de euros, de los que 7.212 millones están bajo su gestión.

Con este marco se están gestionando actuaciones como el apoyo a la automatización de procesos en la administración, el tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, la línea de subvenciones para compromisos de gestión agroambientales, las subvenciones a las Intervenciones sobre el desarrollo rural relativas a zonas con limitaciones naturales, las subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores y agricultoras como titulares de explotaciones agrarias u operaciones de importancia estratégica cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Con el marco anterior 2014-2020, algunas de cuyas actuaciones también se ejecutan en la actualidad y que sumó 15.234 millones de euros, con más del 60 por ciento gestionado por la Junta, se afrontaron actuaciones como la mejora térmica en edificios y viviendas en 416 municipios de Andalucía, el plan de bioclimatización y energías renovables en centros educativos andaluces, el programa Crece de asesoramiento a la transformación digital de empresas agrarias y rurales para el crecimiento inteligente y sostenible de sus negocios, las ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores en el marco del PDR de Andalucía 2014-2022, la construcción del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Aeroespacial Javier Imbroda, la construcción y adecuación de Centros de Defensa Forestal (CEDEFO), la Formación Profesional Dual, las actuaciones de defensa del río Guadalhorce frente a inundaciones en el término municipal de Málaga, las obras de ampliación y reforma del Hospital Costa del Sol de Marbella, el tranvía de la bahía de Cádiz o la adquisición de la finca Veta la Palma para fortalecer la situación del Parque nacional de Doñana.

El debate no ha hecho más que empezar y hasta julio, cuando la Comisión presente su propuesta definitiva, será uno de los más activos en el seno de Europa, El resultado será clave para el futuro de la UE.

La ponencia aprobada esta semana en el Comité de las Regiones advierte de que «la política de cohesión es un motor clave para la transformación de nuestras regiones. Los principios de subsidiariedad y asociación en los que se basa ofrecen a las regiones europeas la oportunidad de aplicar las prioridades de la Unión Europea adaptándolas a las características territoriales específicas. Esta política debe seguir desarrollándose, gestionándose y aplicándose a nivel regional, de lo contrario el propio proyecto europeo se verá amenazado».