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Ahora ya no se llama Vista del Rey, se llama Vive Costa Azul y este verano está funcionando a pleno rendimiento. Este fin de semana ... está completo y dentro de dos también lo estará. Este apartahotel, situado en la zona de Torremuelle en Benalmádena Costa tiene 61 estudios-apartamentos, 46 plazas de aparcamiento y zonas comunes, todas ellas abiertas y en buenas condiciones. Y también tiene una orden de derribo a punto de ser firmada.
Hace solo unos días el Ayuntamiento de Benalmádena firmó un suplemento de crédito, una especie de añadido al presupuesto previsto para ejecutar en este año 2025 y en él se contemplan numerosas partidas para distintos fines, entre ellas, la reserva de 30.000 euros para la demolición del hotel Vista del Rey.
La concejal de Urbanismo, que en este caso es también concejal de Turismo en el municipio, Presi Aguilera, es tajante con el tema: «No hay otra. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que es firme, contra la que no cabe recurso y que ordena la demolición del hotel».
Aguilera reconoce que el hotel cuenta con licencia de apertura y que por ello está en funcionamiento. Según asegura son dos cuestiones distintas que van por dos vías distintas. El caso es que el estudio de demolición ya está hecho, la demolición en sí ya tiene presupuesto previsto y en cuanto esté el dinero disponible, «se ejecutará», algo para lo que aún no hay una fecha concreta señalada.
Cuando esto ocurra terminará la lucha de unos vecinos, los de Torremuelle, que comenzó hace más de 20 años cuando se permitió de manera ilegal, tal y como ha quedado demostrado por la Justicia, la construcción de este apartahotel, situado junto a la parada de tren de Cercanías que existe en la zona.
El caso se remonta a 2001, cuando el entonces alcalde, Enrique Bolín, concedió mediante un decreto de Alcaldía la licencia de obra. La comunidad de propietarios de la urbanización llevó entonces el asunto a los juzgados al considerar que el procedimiento estaba plagado de irregularidades.
La causa judicial ha estado abierta durante años porque la promotora del establecimiento y el propio Ayuntamiento han recurrido las sentencias. En mayo de 2021, hace ya más de cuatro años, el Tribunal Supremo dio carpetazo al asunto al rechazar el recurso del Ayuntamiento frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2020 ordenaba su derribo en un plazo máximo de tres meses.
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